Irene Castillo. Asesora científica de la Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible
El pasado mes de enero el Gobierno propuso regular el consumo de la población española de productos procesados considerados insanos mediante el incremento del IVA, con el objetivo de hacer frente a las elevadas tasas de obesidad de la población. Esta medida también tiene como objetivo que la compra de alimentos para comedores escolares y hospitales sea un modelo de calidad de cercanía.
También Bruselas ha apuntado medidas en esta misma línea en la reciente Comunicación de su Estrategia Farm to Fork.
En la actualidad la mayoría de los alimentos tienen un IVA del 10% con algunas excepciones, con esta propuesta el IVA podría llegar hasta el 21% en determinados productos. No obstante, los alimentos de primera necesidad como el pan, leche, queso, huevos, verduras, hortalizas, frutas, legumbres, cereales y tubérculos, tributan con un tipo superreducido del 4%, y a ellos no les afectaría ese incremento.
Esta controvertida medida ha generado diversas opiniones tanto de la propia industria alimentaria como de médicos, y asociaciones, que iremos analizando a continuación.
Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) indican que no hay evidencia científica de que este tipo de medidas sean eficaces, ya que desde la fiscalidad no se cambian hábitos. Es decir, los problemas de salud dependen de muchos factores relacionados con hábitos de vida saludables, donde juega un papel importante la información que se facilita al consumidor para la adopción de una dieta variada y equilibrada basada en la evidencia científica, de tal manera que esta permita satisfacer las necesidades nutricionales y llevar un estilo de vida activo. Desde FIAB afirman que el único objetivo de esta medida es recaudar, perjudicando así a los consumidores.
Estas ideas planteadas desde FIAB están en consonancia con las declaraciones hechas por expertos en economía. El presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), afirmó que una subida del IVA encarecería ciertos productos desincentivando su consumo y algunas empresas se verían en la obligación de reducir su margen de beneficios. En conclusión, según el experto se trata de una medida inadecuada de escasa efectividad debido a la falta de criterios de equidad, sesgos en el consumo y la presencia de sectores específicos beneficiados y perjudicados.
Asimismo desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes (ANFABRA), indican que la situación de obesidad, sobre todo en población infantil y joven, se tiene que corregir mediante estrategias de educación nutricional y programas que fomenten un estilo de vida activo.
No nos podemos olvidar de que a parte de los productos procesados que podemos encontrar en los lineales de los supermercados, las cadenas de restauración de comida rápida también se podrían ver afectadas por esta medida. Desde este sector indican que no es correcto denominar comida basura a ciertas cadenas de comida rápida, ya que cumplen con los estándares de calidad establecidos en Europa.
Sin embargo, esta propuesta del Gobierno ha sido bien acogida por asociaciones ecologistas y parte del sector médico. Desde la organización Justicia Alimentaria defienden que esta medida disuadirá a la población de consumir productos procesados con tanta frecuencia beneficiando a su salud.
En cuanto al posicionamiento del sector médico sobre esta medida, el especialista en medicina preventiva y salud pública, Miguel Ángel Royo, defiende esta propuesta. Indica que el precio de los alimentos es uno de los determinantes de los hábitos alimentarios de la población, por lo que añadir una tasa a las bebidas y alimentos no saludables ayudaría a reducir su consumo y, por tanto a mejorar los hábitos alimentarios. Según él no se trata de una medida recaudatoria, ya que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) defienden que una política integral de precios en la que se reduzca el precio de los productos saludables y se aumente el de los productos no saludables.
Tras analizar los argumentos a favor y en contra de esta medida, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Es evidente que la elevada tasa de obesidad de la población española es un problema de salud pública que es necesario abordar de inmediato, pero para ello se deben tomar medidas en diferentes ámbitos. En primer lugar, hay que formar a la población en materia de educación nutricional, recalcando la importancia de un estilo de vida activo y una alimentación equilibrada adaptada a cada etapa de la vida. En segundo lugar, estas acciones deben ir acompañadas de medidas que permitan el fácil acceso a alimentos de primera necesidad a todos los estamentos de la sociedad, ya que esto favorece la elección de alimentos saludables frente a aquellos procesados de consumo ocasional. Y por último es muy importante contar con la participación de la industria alimentaria en materia de formulación de productos procesados de calidad. Es decir, para reducir las tasas de obesidad de la población no nos podemos centrar en una única medida, sino que debe ser una acción conjunta entre todos los actores implicados: industria, Gobierno, y profesionales de la salud (médicos, nutricionistas, expertos de la actividad física), ya que al tratarse de un problema multifactorial requiere de un enfoque multidisciplinar.
