Actualmente la Unión Europea se encuentra en una situación delicada al ser el segundo mayor responsable de la deforestación tropical en el mundo debido a sus importaciones de determinadas materias primas como la soja, el aceite de palma, la carne de vacuno, el caucho, el cacao, el café y los productos de madera.
El contexto descrito anteriormente impulsó el acuerdo entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea para elaborar un Reglamento que disminuya el riesgo de deforestación y degradación de los bosques vinculado a los productos y materias primas comercializados en la Unión Europea. Por lo tanto, la finalidad de este nuevo Reglamento es luchar contra la deforestación mundial, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la violación de los derechos humanos, mediante la implantación de un sistema de diligencia debida que obligue a las empresas que venden o comercializan ciertas materias primas en la Unión Europea a demostrar que no violan los derechos humanos y que no participan en la destrucción y degradación de los bosques.
Debido a la complejidad de esta nueva reglamentación, la Alianza Cero Deforestación moderó un seminario online el pasado 23 de enero con el objetivo de aclarar ciertos aspectos relacionados con dicho Reglamento. El evento contó con la participación y el apoyo de instituciones como Amigos de la Tierra, Carro de Combate, Confederación de Consumidores y Usuarios, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Mighty Earth, SEO/BirdLife y WWF. A continuación, se explicarán en detalle cada uno de los temas tratados durante el seminario.
En primer lugar, las implicaciones del nuevo reglamento europeo de deforestación importada no son otras que minimizar el riesgo de deforestación y degradación de los bosques asociados a los productos comercializados en el mercado de la Unión Europea. A pesar de que el alcance de esta reglamentación es muy claro, este webinar tiene la finalidad de informar a la población en general y a los actores económicos sobre en qué consiste el reglamento, qué ha logrado mejorar y cuáles son los pasos que se deben dar para asegurar su correcta aplicación.
Para explicar detalladamente el procedimiento que siguió la propuesta inicial de este reglamento, el evento contó con la participación de Diego Torres, experto en la elaboración de políticas en el campo de la deforestación de la Unión Europea. En noviembre de 2021 la Comisión Europea puso sobre la mesa la propuesta de Reglamento sobre deforestación importada, pero ha sido este año cuando se ha llegado a un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo para adoptar con ciertas modificaciones la propuesta legislativa que había presentado la Comisión Europea. El experto afirmó que la Comisión Europea espera que el nuevo Reglamento suponga un punto de inflexión en la manera de abordar la deforestación a nivel global, convirtiendo a la Unión Europea en la primera región del mundo en regular la deforestación relacionada con el consumo de ciertas materias primas en su propio territorio.
Sergio Álvarez Sánchez, consejero de Medio Ambiente de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, explicó ante los asistentes que el pasado día 6 de diciembre de 2022 el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo político tras el cual se deberán dar una serie de pasos para que en abril o mayo de 2023 esté disponible el texto final para su aprobación por parte del Consejo. Por lo tanto, el Reglamento podría entrar en vigor en torno a mayo o junio de 2023. En cuanto a las empresas, estas dispondrán de un periodo de adaptación de 18 meses, de tal manera las obligaciones principales para los operadores, comerciantes y empresas afectadas por el Reglamento, entrarán en vigor a finales de 2024 o principios de 2025. Sin embargo, las micro y pequeñas empresas tendrán un periodo extra de 6 meses más, por lo que para ellas la entrada de aplicación del Reglamento será a mediados de 2025. Durante estos 18 meses de adaptación mencionados anteriormente, la Comisión Europea tiene que poner en marcha ciertos mecanismos para que el Reglamento funcione de manera correcta y debe trabajar en la documentación que detalle cómo se deben interpretar las disposiciones del Reglamento. Asimismo, el Reglamento se revisará al año y a los dos años después de su entrada en vigor, ya que se trata de una legislación muy novedosa, que involucra a muchas administraciones con diversos puntos de vista.
En cuanto al posicionamiento al respecto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pudimos contar con la participación de Marta Angoloti Benavides, jefa de Área de la Madera de la Subdirección Gral. de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación. La experta, una vez más incidió en la complejidad de este nuevo Reglamento, ya que incorpora aspectos muy delicados como el comercio internacional, aspectos aduaneros y el cumplimiento de la propia normativa comercial a la que la Unión Europea tiene que someterse. Afirmó que se ha trabajado en un Reglamento ambicioso y difícil de rebatir, lo que supone un gran éxito para la protección de los bosques del mundo al tratarse de una norma más amplia por los productos a los que afecta y porque va más allá de la legalidad impidiendo la deforestación legal. Además, este nuevo Reglamento incorpora la acción en frontera, permite una mayor coordinación entre países, introduce elementos específicos para dar más seguridad jurídica a las empresas y les da herramientas a las administraciones para poder realizar un control adecuado.
Por su parte, Isabel Fernández, activista de Ecologistas en Acción, detalló el trabajo de seguimiento realizado sobre la importancia del Reglamento en la lucha contra la deforestación, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, hizo mención a las mejoras introducidas en el Reglamento respecto al primer texto presentado por la Comisión Europea, ya que finalmente se han incluido más materias primas y productos como el caucho, el papel impreso y el carbón vegetal, también se han mejorado las definiciones y se ha mantenido el año 2020 como fecha límite a partir de la cual los productos no pueden proceder de actividades que ocasionen deforestación. Según la activista, es necesario que se establezcan una serie de sentencias firmes en el caso de incumplimiento del Reglamento, que permitan una mayor transparencia y que contribuyan a lograr el cumplimiento del Reglamento. Asimismo, desde Ecologistas en Acción y otras ONG afirman que el Reglamento no incidide lo suficiente en lo relativo a los derechos humanos, y de igual manera esperan que en un futuro se incluyan otras zonas boscosas en el ámbito de aplicación y que se amplíen los plazos para desarrollar y designar la autoridad competente y el régimen sancionador en cada Estado Miembro. Es crucial que el sistema sea ágil para que las autoridades competentes puedan resolver los problemas con cierta rapidez evitando futuras complicaciones, y es vital una capacitación técnica adecuada que cuente con las comunidades autónomas y entidades ministeriales debido a la complejidad de los controles que establece el Reglamento.
Finalmente, en representación de la ONG Mighty Earth, Carlos Bravo recalcó que gracias a este Reglamento todos los productos que se vayan a comercializar en la Unión Europea no habrán generado deforestación. A raíz de este Reglamento, la autoridad competente podrá acceder a una base de datos creada por la Comisión Europea y utilizada por todas las empresas, que les permitirá ver quien está importando qué y de qué zona del mundo, incrementando la eficiencia. Sin embargo, a pesar de las exigencias de la ciudadanía y de ciertas instituciones esta norma no puede legislar sobre cuestiones que ocurren en otros países, porque está en contra de la soberanía y del esquema general de relaciones entre Estados.
En todo este proceso legislativo la ciudadanía ha estado muy involucrada, demostrando estar a favor de una nueva reglamentación europea para tratar de acabar con la lacra de la deforestación global asociada con el consumo de materias primas en Europa. Como se ha mencionado antes, Europa es actualmente el segundo mayor responsable de la deforestación tropical debido a las importaciones sobre todo de productos agrícolas y ganaderos, por ello la Comisión elaboró una propuesta legislativa para poner remedio a esta situación, haciéndose eco del deseo de los ciudadanos europeos como reflejaron las consultas realizadas por la propia Comisión. De tal manera, la Unión Europea ha sido el primer bloque regional que ha puesto en marcha medidas para revertir esta situación, se espera que esta reglamentación europea produzca un efecto dominó que propicie la elaboración de regulaciones en este sentido en zonas del mundo.
En definitiva, se trata de una legislación pionera que establece un sistema de diligencia debida que obliga a las empresas que venden o comercializan determinadas materias primas en el mercado de la Unión Europea a rastrear su origen y a demostrar que no están vinculadas a la destrucción y degradación de los bosques, ni a la violación de los derechos humanos. Todos los trámites parlamentarios mencionados han logrado algunas mejoras como por ejemplo añadir en la lista de las materias primas que serán objeto de vigilancia y control el caucho, el carbón vegetal y derivados del aceite de palma, también se ha conseguido incluir una definición más amplía de degradación forestal, requisitos adicionales en relación a los derechos humanos e indígenas y se ha logrado mantener la fecha de aplicación retroactiva del Reglamento fijada en el 31 de diciembre de 2020. No obstante, hay algunas de las deficiencias que todavía hay que subsanar como incluir el concepto de otras áreas boscosas para que la presión deforestadora no se desplace a otras áreas que se han quedado sin protección.
En conclusión, el Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación importada manda un mensaje positivo y esperanzador, ya que su aplicación puede marcar un hito en la lucha contra la deforestación mundial, revirtiendo así las décadas de destrucción, ayudando a la lucha contra el cambio climático, protegiendo la biodiversidad y asegurando los derechos humanos.
Irene Castillo
Asesor científico
